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Durante cuatro extensas jornadas de audiencia, realizadas los d\u00edas 12, 13, 14 y 24 de marzo, se presentaron un total de 14 testigos ofrecidos por la demandante y la demandada, que buscaron establecer si existe o no da\u00f1o ambiental en el Salar de Surire debido a las operaciones de la empresa Quiborax desde el a\u00f1o 1987.<\/p>\n
Hubo testigos expertos que entregaron antecedentes cient\u00edficos respecto a la situaci\u00f3n ambiental de este salar altoandino, ubicado en la cordillera de la Regi\u00f3n de Arica y Paricanota. Asimismo, se cont\u00f3 con testigos simples que aportaron sus percepciones y experiencias acerca de los cambios observados en el Salar de Surire durante las \u00faltimas d\u00e9cadas.<\/p>\n
Tras la exposici\u00f3n del \u00faltimo de los testigos de la demandada, Eduardo Rodr\u00edguez, especialista ambiental, comenzaron los alegatos de clausura, donde las partes pudieron exponer su postura en este caso.<\/p>\n
DEMANDANTE<\/strong><\/p>\n El primero en exponer fue el abogado Osvaldo Sol\u00eds, por parte del Consejo de Defensa del Estado, quien solicit\u00f3 se acoja la demanda en base a los est\u00e1ndares probatorios, donde afirm\u00f3 que el saldo final de 37 a\u00f1os de explotaci\u00f3n del Salar de Surire es la afectaci\u00f3n al ecosistema.<\/p>\n Sol\u00eds destac\u00f3 que, seg\u00fan los informes de CONAF, SAG y Seremi de Medio Ambiente, la explotaci\u00f3n afect\u00f3 patrones de inundaci\u00f3n, da\u00f1\u00f3 la estratigraf\u00eda y comprometi\u00f3 \u00e1reas cr\u00edticas para la reproducci\u00f3n de flamencos, generando lagunas artificiales hipersalinas no funcionales para el ecosistema. El abogado resalt\u00f3 que la empresa, al operar en un \u00e1rea protegida, deb\u00eda ejercer m\u00e1xima diligencia, pero no cumpli\u00f3 adecuadamente medidas de mitigaci\u00f3n ni compensaci\u00f3n ambiental. Sol\u00eds enfatiz\u00f3 que, a pesar de posibles signos de vida en lagunas artificiales, la biodiversidad original est\u00e1 severamente comprometida debido a sales caotr\u00f3picas que impiden un h\u00e1bitat funcional. Finalmente, afirm\u00f3 que existe da\u00f1o comprobado en cerca del 33% del salar, subrayando que la buena fe no justifica permitir la continuidad del da\u00f1o ambiental.<\/p>\n Contin\u00fao con los alegatos Antonio Pulgar, quien pidi\u00f3 acoger la demanda por da\u00f1o ambiental en el Salar de Surire, destacando los efectos continuos de la actividad minera sobre la estratigraf\u00eda, escorrent\u00eda y calidad qu\u00edmica del agua, as\u00ed como el impacto negativo del tr\u00e1nsito de camiones, extracci\u00f3n ilegal de agua, ausencia de monitoreos ambientales adecuados, y da\u00f1os significativos en \u00e1reas protegidas y comunidades ind\u00edgenas.<\/p>\n Finalmente, Javiera P\u00e9rez-Santos, argument\u00f3 que esta es la v\u00eda con la que cuentan sus representados para acceder a la justicia ambiental y descart\u00f3 que la acci\u00f3n estuviese prescrita o que el da\u00f1o ambiental sea cosa juzgada. Aleg\u00f3 que, mediane la acci\u00f3n de su parte, se busca incorporar todos los efectos de la actividad de Quiborax, incluyendo el traslado de material, el paso de camiones y la extracci\u00f3n ilegal de agua para humectar los caminos.<\/p>\n DEMANDADA<\/strong><\/p>\n El abogado de la demandada, Mario Galindo, explic\u00f3 primero que la empresa est\u00e1 ejerciendo una actividad l\u00edcita y que, adem\u00e1s, todas las acusaciones han tra\u00eddo para Quiborax una importante afectaci\u00f3n, al igual que para las comunidades que dependen de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n En su alegato, Mario Galindo cuestion\u00f3 la credibilidad y validez de la demanda contra Quiborax, argumentando que las acusaciones de da\u00f1o ambiental se basaron en im\u00e1genes sin sustento suficiente y testimonios sesgados de activistas y funcionarios que ocultaron informaci\u00f3n clave. Galindo enfatiz\u00f3 que no se acredit\u00f3 la gravedad ni la continuidad del da\u00f1o alegado, destacando que la descripci\u00f3n catastrofista llev\u00f3 a la paralizaci\u00f3n total de faenas con graves efectos econ\u00f3micos. Finalmente, asegur\u00f3 que esta materia ya hab\u00eda sido abordada en un juicio previo de 2009, constituyendo cosa juzgada, y que no se cumplen las condiciones para declarar la existencia de da\u00f1o ambiental continuo o irreparable.<\/p>\n El abogado Hugo Botto, en representaci\u00f3n de las comunidades ancestrales de Surire y Caracota, afirm\u00f3 que el Estado de chile reconoci\u00f3 en 1996 que el Salar de Surire y sus zonas aleda\u00f1as son de propiedad privada ind\u00edgena. Botto enfatiz\u00f3 que, seg\u00fan el Convenio N\u00b0 169 de la OIT, estas comunidades tienen derecho a decidir sobre el uso de sus tierras en funci\u00f3n de su desarrollo econ\u00f3mico, social y cultural, especialmente frente a la desconfianza generada por el actuar del Estado que, en su parecer, no las ha considerado en este caso.<\/p>\n Finalmente, Gast\u00f3n Padilla en representaci\u00f3n de los sindicatos 1, 2 y 3 de la empresa Quiborax, explic\u00f3 lo que este proceso ha significado para los trabajadores, gran parte de los cuales pertenecen a las comunidades cercanas al salar.<\/p>\n