La causa, caratulada como R-96-2023, fue admitida a trámite por el tribunal por lo que ya se solicitaron los informes correspondientes a la SMA.
Los vecinos reclamaban que las observaciones que habían realizado durante el proceso de evaluación del proyecto no fueron consideradas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Sin embargo, el tribunal estipuló que sí se abordaron durante el procedimiento de evaluación, y que se respondieron posteriormente y de manera expresa a través de una complementación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que otorga el permiso para la ejecución.
La Superintendenta llegó al tribunal en lo que fue su primera visita protocolar en el cargo para saludar a los ministros, con quienes también sostuvo una reunión en la que se abordaron diversas temáticas institucionales y jurisdiccionales, así como el rol de la SMA en materia de fiscalización y sanción.
El fallo descartó una eventual afectación al suelo, a las aguas del río Choapa, a la calidad del agua potable y subterránea; así como el riesgo a la salud de la población y al demandante y su familia.
Hasta las oficinas de la SMA llegaron la ministra presidenta Sandra Álvarez y los ministros Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro con el fin de recabar antecedentes en el marco de la demanda por daño ambiental contra de minera Ojos del Salado, titular de la mina Alcaparrosa por el denominado socavón de Tierra Amarilla, Región de Atacama.
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