SIDESA Chile S.A., propietaria y administradora del Boulevard Arica City Center, presentó una reclamación judicial contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), cuestionando la legalidad de una multa de 28,9 Unidades Tributarias Anuales (UTA), aplicada por superar los límites de emisión de ruidos establecidos en la normativa ambiental.
En lo central, la empresa sostiene que la autoridad ambiental no fundamentó adecuadamente la determinación de la sanción, particularmente respecto del número de personas potencialmente afectadas por las emisiones de ruido, la importancia de la infracción, el incumplimiento de su Programa de Cumplimiento (PdC) y la proporcionalidad de la multa impuesta.
La controversia se originó a partir de fiscalizaciones realizadas en diciembre de 2019 en el Boulevard Arica City Center, ubicado en avenida Chile N° 1204, comuna de Arica, donde funcionan diversos establecimientos comerciales y gastronómicos. Según los antecedentes del procedimiento sancionatorio, las mediciones efectuadas en horario nocturno registraron superaciones de 6 y 7 decibeles por sobre los límites establecidos en el Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.
A raíz de estos antecedentes, la SMA formuló cargos contra SIDESA Chile S.A. en noviembre de 2021. Posteriormente, la empresa presentó un Programa de Cumplimiento que contemplaba la instalación de cierres acústicos y limitadores de ruido, el cual fue aprobado por la autoridad en septiembre de 2022.
Sin embargo, en mayo de 2024, la SMA declaró incumplido dicho programa y reinició el procedimiento sancionatorio, debido a deficiencias en la ejecución y acreditación de las acciones comprometidas, incluyendo la falta de reportes en la plataforma institucional y la ausencia de una medición final de ruidos en las condiciones exigidas.
El procedimiento concluyó con la dictación de la Resolución Exenta N° 2411, de 27 de diciembre de 2024, que impuso una multa de 28,9 UTA. La empresa presentó un recurso de reposición administrativo, que fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° 2736, de 9 de octubre de 2026, decisión que motivó la reclamación judicial.
Principales cuestionamientos
Uno de los aspectos centrales de la reclamación se relaciona con la metodología utilizada por la SMA para determinar el número de personas cuya salud pudo verse afectada por las emisiones de ruido.
La empresa cuestiona que la autoridad haya estimado una población potencialmente afectada de 541 personas, utilizando información censal y un área de influencia determinada a partir de las mediciones realizadas. A su juicio, este cálculo no considera adecuadamente la orientación de los departamentos ubicados en los edificios cercanos al centro comercial, algunos de los cuales se encuentran en dirección opuesta a las fuentes emisoras.
En este contexto, sostiene que la población potencialmente expuesta debería reducirse aproximadamente a 270 personas, cuestionando la certeza técnica y la fundamentación de la estimación utilizada por la autoridad.
Asimismo, la reclamante afirma que la SMA no justificó suficientemente la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental, al vincular su ponderación con el riesgo para la salud de las personas, sin desarrollar fundamentos diferenciados.
Otro de los cuestionamientos se refiere a la valoración del incumplimiento del Programa de Cumplimiento. La empresa sostiene que, si bien existieron deficiencias en las obligaciones de reporte y verificación, las medidas materiales destinadas a controlar las emisiones fueron ejecutadas y posteriormente evaluadas mediante un informe de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), de julio de 2024.
Según señala, dicho informe concluyó que los niveles de ruido medidos no superaban los límites normativos en los receptores y períodos evaluados, circunstancia que, a su juicio, debió tener una mayor consideración al determinar la sanción.
La reclamación también cuestiona la proporcionalidad de la multa, argumentando que la SMA no explicó suficientemente cómo la ponderación de las circunstancias establecidas en el artículo 40 de su Ley Orgánica permitió determinar una sanción de 28,9 UTA.
Para sustentar esta alegación, la empresa compara su situación con otros procedimientos sancionatorios por superación de normas de ruido, en los cuales, según afirma, se aplicaron multas considerablemente inferiores pese a registrarse excedencias mayores.
Solicitud al Tribunal
SIDESA Chile S.A. solicita al Primer Tribunal Ambiental que declare la ilegalidad y nulidad de la Resolución Exenta N° 2736, que rechazó su recurso de reposición, y de la Resolución Exenta N° 2411, que impuso la sanción, por considerar que ambas presentan deficiencias esenciales de fundamentación y certeza técnica.
En subsidio, pide que se rebaje la multa de 28,9 a 2,5 UTA, o al monto que el Tribunal estime ajustado a derecho, atendida la supuesta falta de proporcionalidad de la sanción.
Tramitación judicial
El Primer Tribunal Ambiental, mediante resolución de 9 de noviembre de 2026, admitió a trámite la reclamación y ordenó a la Superintendencia del Medio Ambiente informar sobre los fundamentos de su decisión dentro del plazo de diez días hábiles, acompañando copia autentificada del expediente administrativo que dio origen a la resolución reclamada.
La admisión a trámite permite iniciar el conocimiento judicial de la controversia, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de las alegaciones formuladas por la empresa.
Causa Rol:
